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Por Rafael Flaiman
En plena discusión sobre la posibilidad de una nueva Ley de Radiodifusión que elimine la de la dictadura, un repaso por la legislación en el país. La comunicación como derecho. La necesidad de la pluralidad de voces y la diversidad cultural. Una mirada sobre el poder de los medios y el fin del periodismo.
La nueva ley y el sujeto profesional de la comunicación
Por R. F.
Acerca de los medios sociales de comunicación como fuente laboral para los profesionales de la comunicación social, una posibilidad que podría abrir la nueva Ley de Radiodifusión.
Por R. F.
Para el pasado Día del Periodista, el Sindicato de Prensa Rosario realizó una charla en La Comedia, donde expusieron los periodistas Ricardo Horvath y Quique Pesoa. Ambos se despacharon contra la formación de los profesionales de la comunicación. Los presentes, en su mayoría estudiantes, se sintieron tocados y molestos.
La Vaca y Revista Zoom
Conformación y paquetes de negocios de los grupos Clarín y Telefónica.
21 puntos por una nueva Ley de Radiodifusión
Coalición por una Radiodifusión Democrática
Estos 21 puntos fueron debatidos y consensuados durante mucho tiempo por organizaciones sociales, periodistas, estudiantes y académicos del campo de la comunicación.
En plena discusión sobre la posibilidad de una nueva Ley de Radiodifusión que elimine la de la dictadura, un repaso por la legislación en el país. La comunicación como derecho. La necesidad de la pluralidad de voces y la diversidad cultural. Una mirada sobre el poder de los medios y el fin del periodismo. El cuerpo legal que rige la radiodifusión en nuestro país es un mamotreto firmado por Jorge Videla en 1980 y emparchado interminablemente. El curioso puede leer entero el trabajo de la cátedra Mastrini en la UBA sobre la historia de la legislación sobre el tema en Argentina. Aquí repasaremos algunas cositas. La ley de la dictadura y las consecuentes tachaduras y remiendos puestos fundamentalmente desde los 90 a esta parte, con la ley de Reforma del Estado en el medio, sostuvieron el espíritu de la legislación sobre el tema en países como el nuestro: la comunicación como mercancía, y, bueno, sí, como servicio público, un poquito. Si en los lejanos 80, el premio Nobel y premio Lenin Sean McBride y su informe intentaron poner una traba a la lógica que imperaba, el retiro de fondos a la ONU de Estados Unidos, Inglaterra y Japón anunció lo que vendría: la mundialización de la comunicación, el orden mundial comunicable no se negociaría. A quien, como a este cronista, le gusten los datos, vaya a Armand Mattelart, La Mundialización de la comunicación, verá entre otras cosas cómo se fusionaron AOL-Time-Turner-Warner, las cadenas más importantes del mundo. Si gusta más, lea el anexo a esta nota sobre el grupo Telefónica en Argentina. Si quiere trazar parangones, échele una miradita a Gigante Invisible, Cargill y sus estrategias trasnacionales, de Brewster Kneen; como para ver que la cosa viene grande y por todos lados. ¿Globalización dijo? Volvamos a la ley. En su Teoría jurídico-política de la comunicación, Eduardo Luis Duhalde (el bueno, Abogado defensor de presos políticos durante la dictadura, profesor de la UBA, actual Secretario de Derechos Humanos de la Nación) y Luis Alén (abogado especialista en la faz penal de los temas sobre libertad de expresión) advierten que nuestra Constitución es “pobre y obsoleta” en la materia. Se salva la cosa en la reforma de 1994 con la incorporación, con rasgos constitucionales, de los tratados y declaraciones internacionales relativos a los derechos humanos, que, como bien dicen Duhalde y Alén, “resulta paliativa de esa orfandad”. Desde el decreto 21.044/33 que reglamentó la ley 9.127 y se transformó en el Reglamento de Radiocomunicaciones, la preocupación por la conformación de monopolios es una constante. Incluso la propia ley de la dictadura, la 22.285, en su artículo 45, impedía la formación de multimedios. Se tata entonces de la cuestión de la pluralidad. Como buenos herederos del pensamiento decimonónico francés, inglés y norteamericano, por estos lares también reinó la idea de que a mayor libertad de prensa mayor democracia. Por supuesto que la democracia liberal representativa tiene sus trampas, y otras tantas tiene el libremercado. Ambas atentaron históricamente contra la participación real de todos los actores de la sociedad en las cuestiones de orden público. Y la comunicación es una cuestión de orden público. En Argentina, el artículo 5 de la primera Ley de Radiodifusión, la de 1953, consideraba a la comunicación como un “servicio basado en el principio de subordinación del interés particular al interés social, cultural, económico y político de la Nación”, por lo que implicaba la participación activa del Estado. En los 60, el decreto-ley 15.460 prohibía la existencia de cadenas, aunque hay que decir que siempre se las arreglaron para funcionar de hecho. Alguien podrá decir “hecha la ley hecha la trampa”. Se acepta. En 1987 nuestro país ratificó el Convenio Internacional de Telecomunicaciones de Nairobi, Kenia, a través de la ley 23.478, otorgándole a las frecuencias radioeléctricas el carácter de recursos naturales limitados: la comunicación como derecho. Existen una importante cantidad de tratados internacionales e interamericanos que sostienen la idea de la comunicación como derecho. El derecho a la información, a la libre opinión y expresión, al acceso a la información. Pero de hecho, en un universo mediático donde pocos grupos económicos dominan el espectro, la pluralidad de voces es letra muerta, engaño, mera juridicidad abstracta, chamuyo. Plural debe ser el acceso a licencias, para que todos los actores sociales, organizados en sujetos colectivos representativos, puedan comunicar. Plural debe ser el acceso a la información, para que todos podamos saber de qué se trata. Plural deben ser las voces que se escuchen, atendiendo a la diversidad cultural realmente existente en la vastedad de este país, a su riqueza, pero, fundamentalmente a sus particularidades. Los últimos veinte años juegan a favor de ello. El largo y tedioso pero fascinante Un mundo sin periodistas, de Horacio Verbitsky, narra lo difícil que puede ser pensar a la comunicación como un derecho cuando al poder no le gusta, siempre poniendo el eje más en los poderes económicos que corrompen políticos que en los políticos mismos, recordándonos que estar en el gobierno no es estar en el poder. La actualidad muestra una actitud social impensable hasta ahora: el romanticismo creado en torno de los periodistas y los medios se resquebraja. Cae el prestigio de los periodistas. Cae, al fin, el héroe. Hay quien afirma que estamos en el camino a la desaparición del periodismo profesional. Este cronista sospecha que no es tan así, pero considera que los medios comerciales de comunicación, con su lógica mercantil que los hace vivir más de aquello que ocultan para negociar que de lo que muestran para denunciar, están perdiendo terreno ante los nuevos medios sociales de comunicación, donde diversidad y pluralidad son la sangre. Aquellos donde empezamos a creer que se puede hacer algo y se puede hacer posible.
Acerca de los medios sociales de comunicación como fuente laboral para los profesionales de la comunicación social, una posibilidad que podría abrir la nueva Ley de Radiodifusión.
El debate en torno a la posibilidad de una nueva Ley de Radiodifusión está abierto, y, más allá de especulaciones de toda índole que pueden involucrar oportunismos gubernamentales, disputas por el poder simbólico entre aquellos que ocupan espacios hegemónicos y tramas varias que se tejen en su derredor, estamos debatiendo.
A los que somos o seremos sujetos profesionales de la comunicación nos ocupa el debate, y probablemente la Historia nos impele a involucrarnos. Nosotros, los hijos de la dictadura, los adolescentes del menemismo, los que pisamos los veinte cuando el país implotó en 2001. Algunos un poco más, otros un poco menos.
El debate corre por los cafés, las redacciones de los diarios, las radios, la TV, los pasillos de las Casas de Altos Estudios. Los 21 puntos propuestos por la Coalición por una nueva Ley de Radiodifusión, que servirían de basamento a la nueva ley nos ponen frente a la posibilidad de un futuro menos incierto. Ya lo sabemos: la incertidumbre atraviesa el pasaje por las aulas de las carreras de Comunicación.
Mientras se espera la bendita estabilidad laboral, pasamos por múltiples proyectos que nos llenan de experiencia y satisfacción, que nos hacen sentir que podemos ser agentes de la transformación, que podemos contribuir a un mundo mejor y que nos fogonean en la práctica profesional. Hacemos radio, televisión, video, periódicos, intervenciones profesionales en organizaciones comunitarias, nos transformamos en intelectuales orgánicos y en militantes… pero sabemos que el futuro tendrá otro color: un día habrá que dejar de escribir las crónicas subterráneas en el periódico barrial porque hay que pagar el alquiler, la luz, el gas… y entonces nos dejaremos convencer con aquello de que las grietas del sistema y festejaremos una línea escondida en un párrafo final donde atisbamos una editorialización un poquito más jugada que la de la empresa donde trabajamos.
Michel de Certau nos enseñó que son las prácticas territoriales realmente existentes las que deben ser politizables para poder diseñar cualquier política pública. Lo dijo con Bourdieu. Se lo escucharon a Marx. Las prácticas comunicacionales de lo que hoy llamamos medios sociales de comunicación -en contraposición a los medios comerciales- han conseguido una visibilidad ya inexpugnable. Las organizaciones de la sociedad civil se pusieron a tono con la sociedad de la información y, junto al camino altermundista, construyen un camino altercomunicacional. Allí nos aguarda el futuro que ya llegó.
Por lo general las experiencias alter ó contra comunicacionales se han mostrado incapaces de construir nuevas lógicas de comunicación que interpelen a esos nuevos sujetos sociales que fueron apareciendo. A eso nos llama la posibilidad de una nueva ley. A construir mundos posibles, caminos posibles, animándonos a crear nuevos paradigmas, y pudiendo asumir al fin que además de las empresas habrá nuevos espacios para ejercer y poder vivir de ello.
Habrá que ver, es cierto, si asumimos también la formación como agentes de la transformación que decimos tener; o si seguimos resignándonos a ser agentes de la reproducción, inventando nuevas excusas.
Para el pasado Día del Periodista, el Sindicato de Prensa Rosario realizó una charla en La Comedia, donde expusieron los periodistas Ricardo Horvath y Quique Pesoa. Ambos se despacharon contra la formación de los profesionales de la comunicación. Los presentes, en su mayoría estudiantes, se sintieron tocados y molestos.
El teatro está lleno de jóvenes. El cronista se mira, nota que esos jóvenes son más jóvenes que él mismo y se dice que cada vez más postsecundarios eligen carreras vinculadas al periodismo y la comunicación. Eso lo dice porque él mismo llegó tras largos años por otros lares.
Algunos de esos jóvenes son caras que se han visto en los pasillos o en el bar de la facultad de ciencia política; otros del ISET, “la escuelita”, como le dicen peyorativamente docentes y alumnos de la UNR; hay de la UAI y de TEA. Hay de todo, para todos. Hay estudiantes, eso. Muchos estudiantes. El cronista celebra.
No es un día del periodista más. Este es un año donde por fin el romanticismo en torno al inmaculado cuarto poder se cuestiona, donde empieza a ser cada vez más claro que la construcción de la realidad que hacemos desde los medios es apenas eso: una construcción de muchas posibles.
Además, este año, parece, el congreso discutirá la perimida Ley de Radiodifusión de la dictadura para ponerle por fin a la recuperación democrática un instrumento fundamental: legislación en torno a la radiodifusión. Ello implica que ya se esté discutiendo la cosa en los diarios, las radios, los foros de Internet, los cafés de la esquina.
A Quique Pessoa le gusta provocar. A veces parece que no es mucho más que eso: un tipo con buena voz, buen background, y ganas de provocar. Bastante para el oficio periodístico, ese que ninguna “escuelita” ni casa de altos estudios es capaz de enseñar. Horvath también provoca. Le sobran redacciones para hacerlo.
Ambos se explayaron lindo en torno a la problemática de la Ley de radiodifusión, el rol de los medios en torno al conflicto con el campo, las posibilidades de transformación que ofrece trabajar en periodismo, y un etc. que, hay que decirlo, no sorprendió, cautivó o iluminó ni a los estudiantes de primer año.
Lo que sí hicieron fue provocar reacciones frente a un punto en el que parece que a nadie le gusta discutir: la propia formación. Horvath relató una charla con la socióloga Alcira Argumedo que se reproduce más o menos: Horvath: “Ahora los periodistas van a la facultad, van a salir por lo menos comunicólogos”; Argumedo: “Ni eso”. Pessoa fue un poco más allá. Dijo textualmente: “No saben escribir”. Y de allí: “No tienen libre albedrío; no tienen pensamiento independiente”, hasta “no tienen pensamiento, no saben interpretar, son analfabetos funcionales”, poniendo énfasis en el deseo de aparición en los medios, fama, poder, dinero, etc. que alimenta la estadía en las aulas de las carreras ligadas al periodismo y la comunicación.
A los estudiantes no les gustó. Un mal argentino: cuando nos ponen un espejo en frente y no nos gusta lo que vemos, nos enojamos.
Grupo Clarín: conformación y paquetes de negocios
El multimedio es propiedad de AGEA (Arte Gráfico Editorial Argentino); el 18% de su paquete accionario pertenece al grupo financiero multinacional Goldman Sachs como mandatario de Prysmian Corp. (ex – Pirelli Cable & Telecom). El 82% de AGEA está en manos de la sociedad G.C. Dominio, formada por Ernestina Herrera de Noble, Héctor H. Magnetto, José A. Aranda y Lucio R. Pagliaro. AGEA posee el 100% de: diario Clarín, Artes Gráficas Rioplatense (impresiones), Tinta Fresca (editorial escolar), Elle, Olé, Genios, Pymes, Diario La Razón. El 100% de Radio Mitre. El 100% de Teledeportes. El 100% de GC Gestión Compartida. El 50% de TRISA Y TSC, integrantes de Torneos y Competencias para la televisación de partidos de fútbol. El 100% de Clarín Global (Ubbi, deautos.com, masoportunidades.com, Clarín.com). El 100% de Inversora de Eventos. El 100% de Ferias y Exposiciones, que a su vez conforma con La Nación la empresa Feriagro, organizadora de Expo-agro. El 50% de Tele Red Imagen. El 100% de Galaxy Entertainment Argentina (DirecTV). El 25,6% de DyN (Agencia Diarios y Noticias. Y una participación no declarada en la organización de la Feria del Libro. Clarín posee el 50% de Cimeco, controlante de La Voz del Interior (Córdoba) y Los Andes (Mendoza). El 50% de Impripost (procesamiento e impresión de datos, distribución domiciliaria de documentos) asociado con Techint y Siemens. El 2,8% de CTI (Claro). El 36,99% de Papel Prensa (apoyo de Gelbard mediante), y otro 12% a través de la ya citada Cimeco. Clarín es dueño del 60% de Cablevisión. El 40% restante pertenece a Fintech, un grupo buitre de inversionistas anónimos dirigido por el mexicano David Martínez. Fintech compró deuda barata de privatizadas en default, y asociado con el grupo financiero británico Ashmore controla a través de CIESA, empresas como TGS (Transportadora de Gas del Sur) y Metrogas. A través de Cablevisión es dueño del 100% de Fibertel (con acceso a Internet vía Telefónica), el 100% de Teledigital (tevé por cable en Río Negro) y el 98.5% de Multicanal. Hasta 1995, compartió la propiedad de Multicanal con Telefónica y Citicorp (CEI). Multicanal controla el 97% de Prima (Datamarkets, Ciudad Internet, Fullzero, Flash, Vontel, y dueña de decenas de pequeñas prestadoras de internet y televisión por cable en el interior). La justicia debe decidir si autoriza la fusión de Cablevisión y Multicanal. En la compra de Supercanal (concursada, operadora del satélite Nahuel 1) está asociado con el Grupo Uno, propiedad de Vila-Manzano-Mas Canosa, a su vez asociado con el Grupo De Narváez y con Eurnekian (AA2000). Es dueño del 99,2% de Artear. A través de ella, Clarín posee el 30% de Pol-ka, el 30% de Ideas del Sur, y el 33% de Patagonik Film Group, esta última asociado con Walt Disney Corp. Artear es dueña absoluta de Canal 13, TN, Magazine, Volver, Canal Rural, Multideporte, Canal 6 (Bariloche), Canal 7 (Bahía Blanca), Canal 10 (Río Negro), y Canal 12 (Córdoba). Grupo Telefónica: Conformación y paquetes de negocios en Argentina Datos de Cooperativa La Vaca La compañía Telefónica Nacional de España se constituye en abril de 1924 en Madrid, con un capital social de un millón de pesetas representado por 2.000 acciones ordinarias, la mayoría en manos de ITT, de Nueva York. Un Real Decreto firmado por Alfonso XIII en agosto de 1924, autorizó al gobierno español a contratar a la Compañía Telefónica Nacional de España para la organización y ampliación del servicio telefónico. Así, el Estado cedía a la nueva empresa todas las instalaciones y líneas que explotaba directamente, y todos lo derechos de las concesiones existentes. Con al llegada en 1931 de la II República, se cuestionó la legalidad del contrato firmado y se solicitó su anulación, juicio que quedó zanjado definitivamente en diciembre de 1932, bajo el gobierno de Manuel Azaña. En 1945 el gobierno español decidió adquirir las 318.641 acciones ordinarias propiedad de ITT, con lo que el Estado pasó a controlar el 79.6 % del total de acciones ordinarias en circulación. En 1991 la compañía firmó un nuevo contrato con el Estado, de 30 años de vigencia, que formalmente inició la conversión de esta compañía en una empresa privada. En este período comenzó la expansión de Telefónica en Latinoamérica. En 1994 inició la transmisión de negocios a algunas filiales, con el objetivo de crear una red de empresas en las que delega, entre otras cosas, responsabilidades legales. Comenzó así un proceso que podríamos llamar de terciarización, por el que resulta cada vez más difícil reconocer qué hay detrás de cada compañía local. En 1995 el gobierno español decidió desprenderse de un 12 % del capital, promoviendo la creación de un núcleo estable de accionistas, formado por los bancos Bilbao-Vizcaya, Argentaria y La Caixa, y ofreciendo al mercado bursátil 100 millones de acciones. En 1998 Telefónica practicó un reordenamiento societario para “dotar a cada área de negocio de su propia identidad jurídica, quedando Telefónica S. A. como sociedad matriz”. En enero de 1999 la casa matriz traspasó la rama de actividades del negocio español de telecomunicaciones a otra empresa que adoptó el nombre de Telefónica de España. En enero de 2000 creó dos nuevos negocios globales: Telefónica Móviles, que agrupa todas las operaciones de telefonía móvil del grupo, y Telefónica Data Corp., para el negocio de datos y servicios para empresas. Más tarde se añadieron Atentto, Business to Business o Emergia, entre otras empresas. Telefónica Latinoamérica se presentó como la línea de negocio responsable de los activos de telefonía fija en Latinoamérica. Allí se llevó a cabo una oferta pública de acciones de las empresas de Argentina, Brasil y Perú. Esta operación, conocida por el nombre Operación Verónica, reordenó las compañías dependientes del grupo por áreas de negocios en lugar de por países. Durante 2004 Telefónica compró las filiales de telefonía movil del grupo estadounidense Bellsouth, convirtiéndose en el mayor operador de telefonía móvil de Sudamérica y en el tercer operador telefónico del mundo. Ese mismo año Telefónica adquirió el 23% de la red de transmisión satelital estadounidense PanAmSat, una de las corporaciones satelitales más grandes del mundo. En marzo de 2005, Telefónica decidió unificar la imagen de su filial Telefónica Móviles en 13 países, lanzando la campaña MoviStar. Esta campaña de marketing fue la única de Telefónica a escala global (es decir que por primera y única vez el mismo logo, concepto y estética se usó en todos los países que opera) y tuvo un costo calculado en 96 millones de dólares. En el balance 2005 consigna que el flujo generado alcanzó los 7.108 millones de euros, de los cuales 697 millones fueron asignados a la cancelación de compromisos adquiridos, rubro que incluye “la reducción de plantillas”. Esto es, los despidos de personal que ha realizado el grupo en diferentes lugares del Planeta Telefónica. En la actualidad el Grupo Telefónica opera en 40 países. Su base de clientes supera los 100 millones, de los cuales un 55% se encuentra en Latinoamérica. Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta con casi 1.7 millones de accionistas directos. Su capital social está dividido en la actualidad en 4.955.891.361 (cuatro mil novecientos cincuenta y cinco millones ochocientos noventa y un mil trescientos sesenta y un) acciones que cotizan en el mercado continuo de las bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia) y en las bolsas de Londres, París, Frankfurt, Tokio, Nueva York, Lima, Buenos Aires, San Pablo, y en la plataforma IRS de la Bolsa de Londres. El grupo tiene además otras veinte empresas que cotizan en Bolsa. El detalle de empresas dependientes, asociadas o participadas del Grupo Telefónica es, en el balance del 31 de diciembre de 2004, un listado de 34 páginas de 30 renglones cada una. Sin embargo, semejante sociedad global no está obligada a llevar un registro de accionistas, por lo tanto no se puede conocer con exactitud la estructura de su propiedad. Al 26 de diciembre de 2005, los únicos accionistas identificados eran el Banco Bilbao Vizcaya (con el 6.631% de las acciones) y La Caixa (con el 5%). El Chaise Maniatan Bank, por su parte, tiene un 7.61% “en nombre y por cuenta de sus clientes”, y el City Bank el 4.66% en idénticas condiciones. La Caixa y el Banco Bilbao Vizcaya son también accionistas de Repsol, Iberia, Suez, Aguas de Barcelona, Endesa, Deutsche Bank y el Banco Itaú, entre otros. La consolidación de Telefónica como corporación global fue acompañada por su ingreso al mercado de medios comerciales de comunicación. En este caso, la operación se realizó a través de un alias: Admira, la empresa con la que a mediados de los 90 salió de shopping mediático por toda Latinoamérica. Así, en Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Guatemala, Colombia, Puerto Rico, Brasil, Venezuela (pero también Rumania y Portugal) el Grupo Telefónica se convirtió a finales de los 90 en un importante actor del mercado de la información, entendiendo el rubro en su forma más amplia y completa: Internet, televisión, radio, cine, libros. Desde Admira, Telefónica también tejió sus alianzas con los otros grandes del rubro comunicación: la estadounidense WorldCom-MCI, la British Telecom, y con el grupo inglés Pearson, propietario del grupo Recoletos (España), que edita las publicaciones Marca, Expansión, Actualidad Económica y Telva, entre otras. A principios de 2000 se alzó con un 48.62 % de Vía Digital; el 47.42% de Antena 3 TV y el 40% de Audiovisual Sport, de España. Luego, compró la productora holandesa Endemol (con filiales en 17 países, responsable de, entre otros productos globales, Gran Hermano y Operación Triunfo), Media Park (audiovisual y multimedia), Lola Films (producción y distribución cinematográfica), y Megatrix (contenidos infantiles y canal temático en Vía Digital). Compró, además, al proveedor de acceso a Internet Lycos. La estructura de la compra de Lycos le dio primacía –según comunicado de la empresa- en Canadá, Corea del Sur, América Latina y el mercado hispano de Estados Unidos. Con Admira, Telefónica sumó presencia en cuatro continentes. Pero, a partir de 2002, lo cambios políticos, sociales y económicos obligaron a Telefónica a liquidarla. Ese mismo año el presidente de la compañía, Cesar Alierta, fulminó a la cúpula directiva de su división de medios y ya en 2003, Admira desapareció del organigrama de Telefónica. Sus participaciones en medios comerciales de comunicación se integraron a la división llamada Telefónica Contenidos, y allí fue a dar lo que queda de su paquete de negocios en la Argentina: Grupo Telefé: Televisión abierta y producción de contenidos. Participa además en un sello discográfico y en una empresa de marketing directo. El grupo posee la red más importante de canales de televisión abierta del interior. También cuenta con Editorial Atlántida, que edita las publicaciones Gente, Negocios, Billiken y Para Ti. Las dos radios que pertenecían al grupo, Continental y Radio Stéreo, fueron vendidas en noviembre de 2004 al grupo Prisa. Patagonik: Producción y promoción de películas. Tiene acuerdos con la norteamericana Buena Vista Film Production y uncomtrato de licencia exclusivo con Artear, del Grupo Clarín, para la distribución de películas a través de televisión en América Latina e Islas del Caribe. También las cadenas televisivas Antena 3 y Vía Digital para el mercado español de televisión abierta y de pago. Sprayette: Dedicada a la venta televisiva y telefónica de productos inútiles. Torneos y Competencias: Monopoliza la transmisión de eventos futbolísticos, entre otros negocios vinculados al deporte. Además, en Argentina dependen de Telefónica S. A., una de las empresas del Grupo Telefónica con sede en Madrid, coordinadas por un presidente y un “Centro Corporativo País”, las siguientes líneas de negocio: Telefónica de Argentina S. A.: Telefonía fija (nacional e internacional), telefonía pública, acceso a Internet (con las marcas Advance y Speedy) y guías telefónicas, que edita y comercializa Telinver S. A. con la marca Páginas Doradas. Telefónica Empresas: Servicios globales de comunicaciones de voz, datos y soporte de Internet para empresas bajo la razón social Telefónica Data de Argentina S. A. Telefónica Móviles Argentina S. A.: Telefonía móvil o celular a cargo de la marca MoviStar. Terra Networks de Argentina S. A.: Portal de Internet, contenidos y servicios on-line y desarrollos tecnológicos. Atento Argentina S. A.: Servicios de atención a clientes a través de plataformas multicanal o contact centres: teléfono, fax e Internet. T-gestiona: Consultoría en las áreas de recursos humanos y comercio exterior, seguros, logística, contabilidad, gestión inmobiliaria, seguridad y serivicios generales. Pléyade Argentina S. A.: Broker de seguros del Grupo Telefónica.
Estos 21 puntos fueron debatidos y consensuados durante mucho tiempo por organizaciones sociales, periodistas, estudiantes y académicos del campo de la comunicación.
Coalición por una Radiodifusión Democrática 1.- Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.
2.- La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a la información.
3.- Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.
4.- Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetas por su naturaleza y principios a legislaciones nacionales así como a tratados internacionales. Deben ser administradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempo determinado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.
5.- La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano que garanticen la diversidad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión.
6.- Si unos pocos controlan la información no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y a la información de los ciudadanos.
7.- El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción de bienes culturales.
8.- En los casos de una integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social, se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo.
9.- Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias. El registro deberá contener los datos que identifiquen fehacientemente a los titulares de cada licencia, y los integrantes de sus órganos de administración además de las condiciones bajo las cuales fue asignada la frecuencia. Las localizaciones radioeléctricas no previstas en los planes técnicos deberán ser puestas en disponibilidad a pedido de parte con la sola demostración de su viabilidad técnica.
10.- No podrán ser titulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos.
11.- Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro. Quedará prohibido todo tipo de discriminación o cercenamiento a causa de la naturaleza jurídica de la organización propietaria, en cuanto a potencia, cantidad de frecuencias disponibles o limitaciones a los contenidos. Todos los servicios de radiodifusión podrán contratar publicidad en igualdad de condiciones, ya que así se respetan los derechos humanos económicos, sociales y culturales.
12.- Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción gratuita del canal de TV pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de TV provincial y una emisora de FM municipal. Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de radiodifusión a cada una de las Universidades públicas nacionales.
13.- Los planes técnicos deberán reservar al menos el 33% de frecuencias, en todas las bandas, para entidades sin fines de lucro. En estos casos tendrá que prevalecer como criterio de asignación de frecuencias el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad.
14.- La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de contenidos de producción local, nacional y propia. Esto implica producción realizada por actores, músicos, directores, periodistas, artistas, investigadores y técnicos argentinos, y reglamentará la obligación de inversión en producción propia y en la compra de derecho de antena de películas nacionales.
15.- La explotación de los servicios de radiodifusión es indelegable y debe ser prestada por el propio titular de la licencia.
16.- Las repetidoras y cadenas deben ser una excepción a la regla de modo tal de priorizar el pluralismo y la producción propia y local, salvo para las emisoras estatales de servicio público o la emisión de acontecimientos de carácter excepcional.
17. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación, no estará incluida en esta, se difundirá en tandas claramente identificadas al inicio y al final por la señal distintiva del medio y no inducirá a estafas y engaños a la comunidad.
18. Los sistemas de distribución de señales deberán incluir en su grilla de canales las emisoras de TV de aire de la localidad, el canal público nacional y un canal con producción informativa local y propia.
19. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes audiovisuales.
20.- Se creará la figura de la Defensoría del público, con delegaciones en las provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación. Deberá incluirse un capítulo que garantice los derechos del público. Estos podrán ser ejercidos directamente por los habitantes de la Nación o a través de la defensoría del público.
21. En la nueva ley se deberá contemplar la normalización de los servicios de radiodifusión atendiendo a las necesidades de aquellos impedidos de acceder a una licencia por las exclusiones históricas de la ley 22.285 y la administración arbitraria de las frecuencias por parte del Estado nacional
